El lado oscuro de los costos laborales
No es una discusión nueva. Los impuestos o cargas laborales pesan, y mucho, sobre las empresas y los empleados que trabajan en relación de dependencia.
Sin duda las cargas sociales directas e indirectas son altísimas y tornan al país poco competitivo.
Arriba del 35 %, supera los porcentajes de los demás países de Latinoamérica y se equiparan a los del norte de Europa.
Aunque reducir ese porcentaje no es una cuestión menor, al empresario y en especial al pyme, le preocupan otros aspectos de los costos laborales que son más difíciles de medir. ¿Cuál es el impacto de un juicio laboral perdido, inclusive muchas veces de manera injusta? ¿El de un accidente laboral no cubierto por la ART? ¿El de una demanda por supuesto trabajo no registrado? La complejidad normativa, los regímenes que establecen penalidades económicas draconianas por infracciones formales menores, la evidencia de que existe una alta probabilidad de que el Estado, Poder Ejecutivo o Judicial, tendrá una posición sesgada en contra de la empresa, constituyen factores de riesgo que desalientan la creación de nuevos empleos.
Supera el impacto de unos puntos en las cargas sociales a pagar.
Veamos un caso. Hay miles parecidos.
En una pyme de 10 empleados uno de ellos comienza a solicitar días por enfermedad.
Después de un tiempo, presenta certificados firmados por un psiquiatra.
Estaría padeciendo un cuadro de ansiedad y pánico.
Luego de dos meses de licencia, pagada por la empresa, se inicia la seguidilla de cartas documentos.
Intimaciones, reclamos de diferencias y hasta la denuncia de acoso laboral por parte del gerente, que sería la causa del estrés bajo tratamiento psiquiátrico.
Rechaza la consulta con los médicos laborales propuestos por la empresa y a los pocos días se considera despedido, sin que nadie lo haya echado.
Al tiempo llega la demanda. Diez veces más de lo que correspondería en un despido injustificado.
Equivalente a 100 sueldos.
¿Cómo digiere una pyme semejante noticia? Una suma así le representa 10 meses completos de toda la masa salarial.
Compromete la subsistencia de la empresa.
Pero, ¿qué apoyo recibe una pyme tan injustamente atacada?
La ART se excusa diciendo que el mobbing no es una enfermedad profesional y, por lo tanto, se desliga del caso.
Dicho de otra forma, si la causa prospera, la ART no paga nada y la pyme paga todo.
El esquema de conciliación laboral no resulta muy práctico para estos casos, cuando las demandas están absurdamente infladas, el arreglar por el medio que suelen proponer carece de sentido.
La justicia, después, empieza su camino.
En este caso, las pericias psicológicas ayudaron a descartar el mobbing.
Ni el empleado sufrió daño ni el gerente es un acosador. La mitad del reclamo original queda de lado.
Pero, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el gerente ya no trabajaba más o no quería someterse a los test psicológicos?
¿Y si el perito tomaba una actitud proclive al empleado? ¿Si el juzgado le creía a él y buscaba otra pericia?
Luego sigue la discusión de la otra mitad. Pero en este ejemplo ese tiempo todavía no transcurrió. Pasó un año y medio de tensión, incertidumbre y gastos. Resta otro tanto de trámites judiciales y no se sabe cómo terminará. El Gobierno se está esforzando por reducir las demandas de accidentes y enfermedades de trabajo injustificadas. Si la cantidad de juicios fuese un estimador de la seguridad laboral en las empresas argentinas, nuestro país estaría viviendo un curioso proceso de involución, donde las fábricas en lugar de ser más seguras, se parecerían cada vez más a las peligrosas factorías de la revolución industrial del siglo XVIII.
El gobierno enfrenta a un viejo monstruo.
La industria del juicio por accidentes de trabajo y civiles tiene antigua data y ya diezmó a las empresas públicas en los años 80. Últimamente floreció de nuevo, junto con las demandas laborales desproporcionadas. En el derecho laboral clásico, la parte más débil es el empleado. En Argentina, con el fuerte peso sindical y la pléyade de abogados y jueces relacionados con ellos, es frecuente que la más desprotegida sea la empresa. Hay muchos intereses injustos en torno a ello.
Es el costo laboral oculto y destructivo.
El gobierno tiene el desafío de cambiarlo.
FUENTE: Cronista
