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Qué pasa con el saldo técnico del IVA tras la reforma impositiva

La reforma impositiva introduce una modificación sumamente importante respecto del saldo técnico de IVA, pues los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso -excepto que se trate de automóviles- que luego de transcurridos seis períodos fiscales consecutivos, contados a partir de aquel en que resultó procedente su cómputo, conformaren el saldo técnico a favor de las empresas, les serán devueltos a estas.

Esto es de suma importancia para las empresas en cuanto no tendrán eternamente saldos inmovilizados, de difícil o nulo recupero.

No será de aplicación este régimen si al momento de solicitar la devolución los bienes de uso no integran el patrimonio de los contribuyentes, excepto cuando hubiere mediado caso fortuito o fuerza mayor -tales como en casos de incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros-, debidamente probado.

Por lo tanto, por ejemplo, si el bien de uso hubiera sufrido un incendio, será necesario contar con un certificado del cuerpo de bomberos que hubiera prestado el servicio o del cobro del seguro contra incendio, como medios de prueba del siniestro ocurrido.

Los bienes de uso comprendidos en este régimen son aquellos que revisten la calidad de bienes amortizables para el impuesto a las ganancias.

Cuando los referidos bienes se adquieran no por compra tradicional sino por un contrato de leasing los créditos fiscales sólo podrán computarse a los efectos de la devolución prevista en este régimen, luego de transcurridos seis períodos fiscales contados a partir de aquél en que se haya ejercido la opción de compra.

Si bien es un gran avance sobre los saldos técnicos de IVA, ya que la empresa agropecuaria podrá disponer ahora con ese dinero que antes quedaba prácticamente inmovilizado, sería interesante que, además, los mismos pudieran utilizarse, al menos para estos casos, para compensar otros tributos nacionales, disminuyendo drásticamente todo ese dinero incautado que no permite nuevas inversiones en lo inmediato.

FUENTE: La Nación