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El desafío de crecer con más exportaciones

La economía argentina está atravesando una transición a marcha forzada por el ajuste recesivo que implicó la fuerte devaluación del peso, con su correlato de mayor inflación, altas tasas de interés, caída de la demanda interna y la inversión privada. Después de una década intensiva en gasto público (llegó a 42% del PBI en 2016) y consumo privado, la salida de la actual recesión estará motorizada por las actividades que generan divisas genuinas y/o sustituyen importaciones de manera competitiva. El telón de fondo es la necesidad de corregir el desequilibrio de la cuenta corriente externa, que apuntaba por encima del 5% del PBI antes del auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionado al objetivo de bajar a cero el déficit fiscal primario (sin intereses de la deuda) en 2019.

Esta situación no es una novedad. Un reciente trabajo del economista Martín Rapetti, director de Desarrollo Económico del Cippec, indica que entre 1945 y 2018 la Argentina experimentó 16 episodios de recesión y registró 25 años con tasas negativas de crecimiento. Con excepción de 1978, todos ellos fueron provocados por problemas de balanza de pagos; o sea, tras períodos de dólar barato mantenidos con endeudamiento externo o controles cambiarios y comerciales (cepos) insostenibles. Desde 2010 en adelante, este proceso adquirió una dinámica de alza del PBI en cada año impar (electoral) y baja en el siguiente, bautizada por el autor como la «economía del día de la marmota» y por otros especialistas como «la maldición de los años pares». El común denominador fueron los déficits «gemelos» (exceso de gasto sobre ingresos del sector público y mayor salida que ingreso de dólares) que, ante la contracción del crédito externo, debieron corregirse a través de shocks cambiarios. Y el resultado, un PBI per cápita similar al de 2008 (previo a la crisis financiera global).

Rapetti analizó las últimas cuatro recesiones y concluye que tras cada suba abrupta del dólar que acelera la inflación, en los dos trimestres posteriores el gasto agregado se contrae con mayor intensidad (-6%) que la producción (-3,5%), debido a la caída del salario real, el consumo privado, la inversión y el aumento del desempleo. En este punto, el tipo de cambio sube más que la inflación y ésta más que los salarios. A partir del tercer trimestre se inicia una fase de recuperación, más acelerada en la demanda agregada que en la actividad económica. Por un lado, comienza a corregirse lentamente el rezago salarial. Por otro, el encarecimiento de las importaciones permite que una parte sea sustituida por bienes de producción local y servicios (turismo), mientras la mejora cambiaria lleva con el correr del tiempo a un repunte de las exportaciones en la medida en que se sostenga un tipo de cambio real competitivo.

Con estos antecedentes, el economista destaca que la Argentina se ubica en el puesto 17º entre los 70 países con mayor riqueza natural per cápita (US$16.185), necesita aprovechar ese potencial y revertir la caída en las exportaciones de bienes y servicios que, por factores externos (precios internacionales, recesión brasileña) e internos (retenciones, cepos, cupos), se redujeron desde el récord de US$98.000 millones en 2011 hasta US$73.000 millones en 2017. De ahí que sostiene que no es posible crecer de manera sostenida sin que lo hagan las exportaciones, a fin de evitar la cíclica escasez de divisas para sostener el crecimiento. Precisamente, «Exportar para crecer» es el título de un proyecto que el Cippec prevé desarrollar en 2019, para promover un crecimiento de ventas externas diversificado entre recursos primarios, industriales y servicios, identificar las actividades y tipo de empresas a promover y los instrumentos de política e instituciones necesarias para impulsar el desarrollo exportador.

A pesar de esta necesidad, todavía se está lejos de una política exportadora más amplia y diversificada. Una prueba es que el Gobierno debió aplicar retenciones sobre todas las exportaciones y recortar reintegros impositivos como medidas de emergencia para bajar el déficit fiscal el año próximo. Otra es que el propio Mauricio Macri admitió que «la Argentina tiene los impuestos más altos del mundo», que en buena medida se exportan y restan competitividad. En el camino quedaron además la reforma laboral para bajar costos no salariales y algunos jirones de la reforma tributaria que, con suerte, deberán esperar a 2020.

Aun así el Gobierno puede anotarse algunos avances. El debate económico se apoya ahora sobre estadísticas oficiales creíbles. Y, en el plano instrumental, también es importante la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para simplificar o eliminar trámites de exportación e importación; el acceso de empresas argentinas a una plataforma comercial global como Alibaba y el régimen Exporta Simple para pequeños envíos  puerta a puerta vía couriers.

También es cierto que el tipo de cambio real multilateral -que incluye al dólar, el real brasileño y el euro- se ubica 39% por encima de fines de 2017, pero no es el único factor para mejorar la competitividad. También falta completar el heterogéneo traslado de la devaluación a costos y precios; y que, con mayor previsibilidad cambiaria, la inflación comience a desacelerarse a través de una sintonía más fina entre el dólar (cada vez más cerca del piso de la banda móvil) y las tasas de interés.

Por lo pronto, la apuesta oficial apunta a las actividades que liderarán el ingreso genuino de divisas en 2019 -como lo señaló la nota de tapa de este suplemento económico el último domingo- y contribuirán a la salida de la recesión a partir del segundo trimestre. El campo está a la cabeza, con la próxima cosecha récord de granos tras la sequía de la campaña anterior y su efecto derrame sobre otras actividades industriales y de servicios. También se prevé un aumento de las exportaciones de carne, pesca y minería, en especial de litio. La mayor producción no convencional de gas y petróleo en Vaca Muerta permitirá seguir reduciendo el déficit de la balanza comercial energética, con exportaciones a Chile en el verano y menores importaciones de gas natural licuado y combustibles pesados en el invierno. Las inversiones en nuevas áreas petroleras tienen el incentivo de los precios internacionales del crudo, pero la contracara es que siguen subiendo los combustibles por el efecto rezagado de la devaluación. Sin embargo, cada proyecto en desarrollo moviliza la actividad de cientos de empresas proveedoras y contratistas de equipos, insumos y servicios dentro y fuera de Neuquén, donde el desempleo es de 4%. En todos estos casos, el efecto multiplicador sobre la economía no está a la vista de los grandes centros urbanos, donde sí se concentran empresas exportadoras de servicios (profesionales, software e informática). A su vez, la progresiva reversión del flujo turístico promete reducir el déficit de divisas por viajes al exterior y reactivar a los principales destinos locales. Más opinable es el caso de la industria automotriz, que depende de lo que ocurra con la economía de Brasil y cuya cadena de valor arrastra un déficit comercial crónico.

Aquí está en la mira un futuro replanteo del Mercosur. La Casa Rosada planeaba aprovechar la cumbre del G 20 a fin de mes para anunciar el acuerdo político entre el bloque y la Unión Europea (que representa el 30% del PBI mundial) como señal de apertura comercial a negociar en los próximos años. Pero no será posible. Michel Temer concurrirá como presidente brasileño saliente, Jair Bolsonaro asumirá el 1º de enero y aún no está definido quién será el futuro canciller. Además, su ultraliberal superministro de Economía (Paulo Guedes) se inclina por suscribir tratados comerciales como lo hace Chile para exportar a múltiples mercados con arancel cero. Un punto de coincidencia con la Argentina sería eliminar la cláusula defensiva que obliga negociar en bloque manteniendo el arancel externo común, incluida en su momento a instancias de la industria brasileña. Y otro factor de incertidumbre es que ni Bolsonaro ni Guedes tienen experiencia alguna en la función pública.

FUENTE: La Nación